La escena se repite en cada comedor barrial, en cada escuela sin vianda caliente, en cada familia que tiene que hacer malabares con changas inestables o ingresos que no alcanzan: los chicos argentinos, especialmente los más pobres, están pasando hambre en el Gobienro de Javier Milei. No es una metáfora. Es una realidad contundente y alarmante que confirma el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA).
El documento advierte que en el 2024, el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes sufrió algún grado de inseguridad alimentaria. Son 4,3 millones de chicos que, en algún momento del año, no supieron si esa noche iban a comer. En este sentido, el 16,5 % vivió inseguridad alimentaria severa, reduciendo raciones o directamente padeciendo hambre. Se trata del nivel más alto desde 2008, durante el colapso económico global, y que supera, incluso, los picos de la crisis de 2001, la pandemia y la recesión de 2018.
El informe, “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, revela que comer día a día se ha convertido en privilegio para sectores vulnerables. La declaración oficial lo sintetiza sencillo: “No hay futuro sin infancia. Y no hay infancia sin alimentación digna”. Este diagnóstico visualiza una emergencia persistente y estructural.
El trabajo señala que la pobreza, el desempleo y el trabajo precario agravan esta situación. Si bien políticas como la AUH y la Tarjeta Alimentar alivian parcialmente la crisis, no logran revertir la evolución negativa. En hogares con empleo informal, el problema alcanza al 51 % de la infancia. En 2019 esa tasa era 43 %, y durante la pandemia llegó a 49 %. Este 2024 rompió todos los récords en precarización.
Los datos preocupan ya que aún en hogares con trabajo formal, el 10 % de los niños enfrentaron carencias alimentarias. La fuerte suba del costo de vida y la merma del poder adquisitivo afectan incluso a familias con ingresos estables. La situación es peor en hogares monomarentales o numerosos, donde la inseguridad alimentaria supera en 12 puntos la de las casas biparentales.
La investigación también profundiza en el vínculo entre alimentación y educación. El informe refleja que niños fuera del sistema educativo, ya sea por abandono o edad, padecen niveles más altos de inseguridad alimentaria. Esto revela que la escuela juega un rol vital, no solo educativo. Comedores y viandas escolares representan, para muchos, la única comida garantizada. El cierre de escuelas equivale al cierre de un plato diario.
Aunque AUH y Tarjeta Alimentar reducen la inseguridad en 0,81 puntos, los investigadores advierten que estas medidas no bastan. Reclaman políticas integrales: empleo de calidad, programas de desarrollo infantil temprano y alimentación escolar sostenida. Solo el 44,5 % de los niños se mantuvo sin inseguridad alimentaria entre 2022 y 2024. Un 14,8 % vivió carencias crónicas, y otro 9,2 % empeoró su situación en ese período.
La pobreza infantil escaló al 67 % en el primer semestre de 2024. Aunque cerró levemente hacia fin de año, la inseguridad alimentaria permaneció en niveles críticos. El problema no se circunscribe al AMBA. El interior y el norte argentino también enfrentan situaciones similares. En las provincias del norte, donde las redes de asistencia son débiles, la crisis alcanza niveles alarmantes en comedores barriales, escuelas rurales y centros de salud.
El estudio es una llamada de atención. Afirma que las transferencias sociales no son el fin, sino solo parte de una solución incompleta. El llamado de los investigadores es claro: "El hambre infantil no se resuelve con discursos ni con ajustes. Se resuelve con decisión política y con empatía." De lo contrario, si más de un tercio de nuestros chicos no sabe si va a comer mañana, algo está fallando.
Los especialistas del ODS-UCA insisten en la necesidad de políticas integrales que no se limiten a subsidios o asistencias temporales, ya que si más de un tercio de los chicos no sabe si va a comer mañana, algo se está haciendo mal. Lo que se necesita, sostienen, es una política nacional que garantice el derecho a la alimentación adecuada desde los primeros años de vida, con foco en el trabajo digno, la educación y el fortalecimiento de las redes comunitarias.
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