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Un informe de la fundación Fundar reveló que la apertura comercial impulsada por el gobierno nacional, sin un plan de respaldo, podría generar una pérdida de hasta 431.000 empleos en el sector privado. El estudio se titula "Abrir sin paracaídas" y advierte que la eliminación de barreras a las importaciones, en un contexto de atraso cambiario, afecta especialmente a la industria nacional.
Los especialistas que elaboraron el informe calcularon que, de mantenerse este escenario, las compras al exterior crecerían u$s12.391 millones anuales (a valores de 2024). Esta expansión importadora provocaría una caída del 2,6% en el valor bruto de producción y del 2,2% en el valor agregado. La consecuencia directa sería la destrucción de miles de puestos laborales, especialmente en manufactura.
La investigación se basó en una proyección que iguala el récord de importaciones de 2017, ajustada al tipo de cambio real de abril de 2025 y con un PBI equivalente al de 2023. Según los autores, este combo representa un golpe severo para la economía interna.
Los sectores más vulnerables son las industrias de muebles, juguetes, textiles, calzado y madera. En la electrónica, el panorama es aún peor: más del 90% de los empleos vinculados a la fabricación de radios y televisores están en riesgo.
La provincia de Buenos Aires encabeza la lista de potenciales pérdidas en términos absolutos. Sin embargo, si se mide en proporción al total de su empleo, Tierra del Fuego aparece como la más perjudicada. Otras provincias con fuerte exposición negativa son San Luis, Misiones y La Rioja.
Además, la caída afectaría sobre todo a varones, adultos jóvenes y trabajadores con educación media. “Estos impactos no son absorbidos automáticamente por el mercado y pueden traducirse en pérdidas sostenidas de empleo formal”, subrayó el informe.
El documento remarcó que el problema no es abrir el comercio, sino hacerlo sin acompañamiento. Fundar reconoció que la competencia puede fomentar innovación y eficiencia, pero aclaró que eso solo ocurre si se aplican medidas estructurales que protejan al mercado interno.
Entre las propuestas mencionaron: reformar el sistema impositivo que castiga la producción, evitar un tipo de cambio irreal, diseñar políticas industriales que potencien sectores exportadores y crear redes de contención para los trabajadores.
“Si el tipo de cambio real se hubiera mantenido en los niveles de 2023, el empleo en riesgo sería de 355.158 puestos, es decir, 76.294 menos”, explica el informe.
El análisis también pone el foco en la falta de inversión en infraestructura y tecnología como factores clave. “Nada de esto va a funcionar sin inversión en infraestructura para bajar costos logísticos y en el sistema científico y tecnológico para revertir la fuga de talento”, concluyeron.
Los primeros datos del INDEC ya muestran que las importaciones crecen más rápido que la actividad económica. En los primeros cuatro meses del año, las compras externas aumentaron cinco veces más que el PBI. El intercambio con Brasil también lo refleja: en el primer semestre, las importaciones subieron 53%, marcando el mayor salto desde 2010.
Uno de los sectores más afectados es el textil. Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, las importaciones de ropa crecieron 87% interanual entre enero y mayo. “Esto implica un cambio estructural en los patrones de abastecimiento del mercado local”, indicaron desde la entidad.
El informe de Fundar plantea una advertencia clara: sin un plan de desarrollo integral, la apertura comercial puede traducirse en desindustrialización, pérdida de empleos y aumento de la desigualdad. La política económica del Gobierno requiere ajustes urgentes si busca sostener un equilibrio entre competitividad externa y cuidado del empleo nacional.
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