El martes 22 de julio, un violento ataque conmocionó al barrio La Costanera de San Miguel de Tucumán. Una mujer, acompañada por su actual pareja conocido como “Chuchú”, fue acusada de ingresar a la vivienda de su exsuegra y prender fuego varios colchones, mientras dos menores de 7 y 13 años estaban en el interior. Los imputados fueron aprehendidos y este jueves 24 se realizó una audiencia multipropósito donde la Justicia confirmó la prisión preventiva por 60 días.
Según el Ministerio Fiscal, todo comenzó al mediodía cuando la agresora se presentó en la casa de la víctima, ubicada en calle Próspero García al 1600. Portando un cuchillo, amenazó con matar tanto a la mujer como a sus hijos. “Te voy a matar a vos y a tus hijos, voy a quemar tu casa, como hice con otro de tus hijos”, habría gritado. Tras un forcejeo, la pareja se retiró, pero la amenaza no terminó allí.
Unas horas más tarde, alrededor de las 15:00, la acusada regresó con su pareja. Aprovechando que los menores estaban solos, ingresaron sin permiso a la vivienda y prendieron fuego a la ropa de cama. Los vecinos alertaron a la madre, que se encontraba a media cuadra en el CEPLA (Centro Primario de las Adicciones). Gracias a la rápida intervención de un psicólogo social y un policía, lograron rescatar a los niños antes de que el fuego avanzara.
La víctima relató que vio a la pareja riéndose a media cuadra, gritando: “¡Que arda todo!, todo lo que tenés adentro va a arder”. Minutos después, dos efectivos en motocicleta llegaron al lugar, lograron reducir a los acusados y secuestraron un cuchillo tipo carnicero que estaba en poder de la mujer.
El auxiliar de fiscal Gonzalo Guerra, representante del Ministerio Público Fiscal, les imputó a ambos el delito de incendio doloso en carácter de coautores. A la mujer se le sumó el cargo de amenazas agravadas por el uso de armas. “La acusada ya venía hostigando a la víctima desde hace tiempo. Una de las pruebas clave será la Cámara Gesell a los menores”, indicó Guerra durante la audiencia.
El juez interviniente avaló el pedido de la Fiscalía, validó la legalidad de las aprehensiones y ordenó el traslado de la mujer y su pareja a las unidades penitenciarias. Además, concedió las medidas de coerción por un plazo de 60 días, con el objetivo de evitar cualquier obstaculización de la investigación.
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