El caso por el fentanilo contaminado que provocó 96 muertes sumó un nuevo capítulo judicial. El abogado cordobés Carlos Nayi, representante de cinco familias víctimas, pidió detener al empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y a otras 24 personas señaladas en la investigación. El pedido quedó en manos del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.
La solicitud se apoyó en el reciente informe del Cuerpo Médico Forense. Ese análisis determinó que existió un “nexo concausal” entre el opioide adulterado y los fallecimientos. En el escrito presentado, el letrado remarcó que “la contaminación del fentanilo fue, a criterio de los peritos, una condición necesaria para que los decesos se produzcan”.
El planteo también sostiene que ya “estaría suficientemente probada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados en él”. Según el querellante, los resultados científicos y las pruebas reunidas acreditan que la libertad de los acusados representa un peligro procesal para el avance de la causa.
Nayi pidió evaluar la responsabilidad penal de los implicados y aplicar medidas concretas. En el documento presentado, señaló que los 25 señalados fueron “debidamente identificados” y que existen medidas cautelares en curso. Además, reclamó que se profundice en “otras responsabilidades funcionales a establecer” durante la investigación judicial.
En declaraciones posteriores, el abogado cordobés negó que su planteo tenga un carácter arbitrario o personal. “El pedido se encuentra debidamente fundado en motivos doctrinarios”, explicó Nayi. Y agregó: “Consecuentemente, la relación causal exigida para vincular un resultado típico a una conducta humana, como primer paso para la imputación, se encuentra científicamente acreditado”.
Finalmente, el letrado aseguró que mantiene un contacto directo con el magistrado a cargo. Según dijo, existe un “intercambio constante” con el juez Kreplak para avanzar en la causa. La investigación busca definir las responsabilidades penales de los señalados y determinar si hubo negligencia, omisiones o conductas dolosas que derivaron en las muertes.
