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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una ofensiva política sin precedentes contra la Universidad de Harvard. En los últimos días, bloqueó sus fondos federales, vetó su capacidad de inscribir estudiantes extranjeros y exigió auditorías ideológicas. La medida fue anunciada oficialmente el jueves 30 de mayo y acompañada por una directiva consular que instruye a todas las embajadas estadounidenses a restringir las visas hacia esa universidad.
Por su parte, la Universidad mas prestigiosa del país norteamericano respondió de inmediato: presentó una demanda judicial y calificó la medida como “ilegal” y una “violación descarada de la ley”.
En una embestida nunca antes vista, el Departamento de Seguridad Nacional retiró a Harvard la certificación que le permitía inscribir estudiantes internacionales. Argumentó que la universidad no cumplió con las leyes y no hizo lo suficiente para combatir el antisemitismo en su campus. Además, exigió que entregue todos los antecedentes disciplinarios de sus alumnos extranjeros, junto a registros audiovisuales de actividades “ilegales o peligrosas”. La universidad tiene 72 horas para cumplir si quiere recuperar su estatus migratorio.
El conflicto se enmarca en una estrategia más amplia. Trump intenta condicionar el financiamiento federal de las universidades a cambios ideológicos en currículas, políticas de admisión y contrataciones. Harvard se negó a esas exigencias. “Estamos viendo algo peor que McCarthy”, alertó la historiadora Lauren Lassabe Shepherd. Según ella, ya no se trata de perseguir profesores individuales, sino de desmantelar departamentos completos y cerrar programas enteros.
El castigo a Harvard se aplica a través de múltiples frentes. Además del veto migratorio, la administración congeló miles de millones en fondos gubernamentales. También amenazó con eliminar su estatus de exención fiscal. El cable consular filtrado por Reuters deja claro que toda persona que quiera visitar Harvard “por cualquier motivo” deberá pasar una verificación de antecedentes reforzada. El mensaje político es claro: quien no obedezca, será sancionado.
Harvard calificó el ataque como un acto de represalia. “Esta acción de represalia amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava nuestra misión académica y de investigación”, declaró su presidente, Alan Garber. Casi el 27% del alumnado actual son estudiantes internacionales. El bloqueo afecta directamente a más de 6.000 personas de 140 países, incluidos 58 argentinos.
La medida judicial inicial concedió una orden de restricción temporal. La jueza Allison Burroughs detuvo de manera provisional la decisión del Gobierno. Sin embargo, el conflicto de fondo continúa. Harvard insiste en que las decisiones de Trump son inconstitucionales y violan la Primera Enmienda. “La administración está imponiendo condiciones inconstitucionales al exigir auditorías externas de diversidad de pensamiento”, explicó Noah Feldman, profesor de Derecho en Harvard.
Trump ya aplicó este tipo de presiones a otras universidades. En el caso de Columbia, pidió intervención judicial directa en su gobernanza. Las exigencias de “neutralidad ideológica” esconden una intención clara: moldear el discurso académico desde el poder ejecutivo. Todd Wolfson, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, advirtió: “Están intentando controlar la educación superior”.
Para muchos, el modelo que Trump impulsa sigue el camino de líderes autoritarios como Viktor Orbán en Hungría. La lógica de intervención es total: visado, presupuesto, impuestos y contenidos. Harvard, con un fondo patrimonial superior a los 53.000 millones de dólares, resiste con recursos. Pero si cae una institución de ese tamaño, ¿qué queda para el resto?
Steven Pinker, profesor de Harvard, fue tajante: “La oposición a sus políticas se vuelve imposible”. Y Robert Post, también académico, advirtió: “Libre de la ley, inmune a la vergüenza, la administración Trump ha desatado toda la fuerza del poder ejecutivo contra las instituciones de la sociedad civil”.
"Estamos trabajando rápidamente para brindar orientación y apoyo a los miembros de nuestra comunidad. Esta acción de represalia amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard", señaló la institución.
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