La Justicia Electoral Nacional solicitó al Gobierno informes urgentes sobre los costos y la viabilidad técnica de reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) en la Provincia de Buenos Aires. El requerimiento, que también involucra al ministro del Interior, Lisandro Catalán, se produce tras la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza (LLA), lo que abre un nuevo foco de tensión política en plena recta final de las elecciones nacionales.
El pedido del tribunal apunta a conocer el presupuesto estimado, la disponibilidad de fondos y las imprentas habilitadas para llevar a cabo una eventual reimpresión. Además, exige precisar si sería necesaria una nueva licitación pública y detallar el estado actual de las boletas ya impresas, junto con los plazos de entrega a las autoridades de mesa. El organismo otorgó al Ministerio del Interior tiempo hasta el miércoles 8 de octubre a las 8:30 para responder y solicitó al Correo Argentino información sobre los tiempos mínimos de distribución en todo el territorio bonaerense.
En paralelo, la Junta Electoral convocó a una audiencia clave para ese mismo día a las 10:30, en la que participarán representantes de todas las fuerzas políticas y el ministro Catalán. Allí se debatirán los aspectos logísticos, financieros y jurídicos del pedido, además de eventuales consultas técnicas sobre la posibilidad de una reimpresión total del material electoral.
El conflicto se originó tras la presentación de los apoderados de La Libertad Avanza, que propusieron reemplazar a Espert por Diego Santilli. El espacio argumenta que el cambio busca garantizar la paridad de género y la transparencia del proceso, respaldándose en el artículo 7° del Decreto 171/2019 y el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral. La presentación fue firmada por Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño, quienes acompañaron la documentación con las renuncias de otras dos candidatas.
Sin embargo, la solicitud desató críticas entre distintos espacios políticos. Desde el sector de Fernando Gray y desde Fuerza Patria presentaron o anticiparon objeciones formales ante la Junta, sosteniendo que el pedido podría implicar un gasto público innecesario y afectar el equilibrio del cronograma electoral establecido por la Justicia.
En el centro del debate se encuentra el costo que implicaría una reimpresión completa de las boletas. Según estimaciones de fuentes vinculadas a la organización de los comicios, el gasto adicional podría ubicarse entre los 10 y 12 millones de dólares. Será el ministro Catalán quien, en su respuesta oficial, deberá confirmar o desmentir esas cifras y definir si el Gobierno considera viable el pedido de La Libertad Avanza.
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