El Gobierno nacional presentó ante el Consejo de Mayo el borrador de la Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propone derogar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 y redefinir el sistema de educación básica. El proyecto no incluye cambios para las universidades ni para la Ley de Educación Superior.
Entre sus principales puntos, habilita la educación en el hogar como modalidad alternativa, junto con la enseñanza híbrida y a distancia, sin fijar una edad mínima. Los estudiantes que opten por estas opciones deberán acreditar sus aprendizajes mediante evaluaciones periódicas. También permitirá que las provincias incorporen enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar.
El borrador refuerza la idea de “libertad educativa” y otorga a las familias un rol central como responsables primarias de la educación de sus hijos. Propone además que las escuelas puedan diseñar planes de estudio propios, respetando los contenidos mínimos comunes, y declara a la educación básica como servicio esencial para garantizar continuidad durante medidas de fuerza.
El texto introduce un esquema de mayor autonomía institucional para las escuelas, incluidas las estatales, que podrían definir su régimen de gobierno interno, la selección de personal y políticas de admisión. También actualiza el calendario escolar en función de horas mínimas de clase y destina un 25% del tiempo a contenidos definidos por cada institución.
El proyecto mantiene las evaluaciones nacionales pero eleva su frecuencia: las pruebas serán anuales y censales en los últimos años de primaria y secundaria, incluyendo resultados de alumnos, docentes y directivos. Además, habilita la publicación de datos por escuela, preservando la identidad de estudiantes y docentes.
En materia de financiamiento, elimina la meta del 6% del PBI y consolida un rol subsidiario del Estado, con igualdad en el acceso a recursos entre escuelas públicas y privadas. Prevê becas, vales educativos y otras herramientas de apoyo para familias y estudiantes, junto con un sistema federal para monitorear el uso de la inversión educativa.
