Mientras Israel alcanzó una tregua con Irán, el gobierno de Benjamin Netanyahu redirigió su atención nuevamente hacia Gaza. Ayer miércoles, las autoridades israelíes volvieron a suspender el reparto de ayuda humanitaria en el enclave palestino. La decisión se produjo tras la difusión de videos que muestran a milicianos de Hamás escoltando o controlando camiones con alimentos.
La situación humanitaria empeora cada día. Desde el inicio de la ofensiva militar, en octubre de 2023, más de 37.000 personas murieron, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Cerca del 70% de las víctimas son civiles, y entre ellos, al menos 14.000 eran niños.
A este escenario desolador se suma una nueva tragedia: la suspensión de la ayuda humanitaria con la excusa de que los insumos son manejados por Hamas. En este sentido, el Gobierno anunció que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen 48 horas para presentar un plan que garantice que la asistencia no termine en manos del grupo islamista. Mientras tanto, miles de familias permanecen sin acceso a comida ni medicamentos.
Netanyahu justificó la medida con el argumento de que “no se puede permitir que Hamás utilice los suministros para ganar poder”. Sin embargo, las consecuencias del bloqueo son inmediatas. La ONU informó que más de 400 personas murieron y otras 3.000 resultaron heridas en las últimas semanas por ataques en los puntos de reparto. En esos lugares se acumulan multitudes desesperadas, muchas veces bajo fuego cruzado.
La decisión llega justo después de que Israel sellara un acuerdo informal con Irán para bajar la tensión tras los ataques a instalaciones nucleares. Ese gesto de distensión regional contrasta con el recrudecimiento interno en Gaza.
Detrás de la decisión también está el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. El dirigente ultraderechista amenazó con abandonar el gabinete si no se detenía el flujo de ayuda que, según él, “fortalece a los enemigos”. La presión fue clave para que Netanyahu optara por el bloqueo inmediato, mientras se redefine la estrategia.
La ayuda suspendida era canalizada a través de la Fundación Humanitaria para Gaza, un organismo conjunto de Israel y Estados Unidos. La iniciativa ya había sido cuestionada por la ONU y otras ONG por su falta de coordinación y por los riesgos en los centros de entrega.
Videos recientes muestran a hombres armados custodiando los camiones. Algunos clanes locales, bajo la influencia de Hamás, habrían asumido el control de la distribución. El ex primer ministro Naftali Bennett compartió en redes uno de esos registros y afirmó: “Así es como seguimos suministrando dinero y poder a Hamás”.
La ONU exigió que se garantice el ingreso de asistencia y pidió una investigación internacional sobre los ataques. También reclamó que se establezcan zonas seguras de reparto. “La población de Gaza enfrenta una doble crisis: la necesidad humanitaria y el bloqueo regional”, advirtió el vocero de UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), Thomas White.
El reciente bloqueo agrava una situación límite: sin electricidad, sin agua potable y ahora también sin comida. Además, los hospitales ya no cuentan con insumos ni personal suficiente. Muchos centros médicos fueron bombardeados o dejaron de funcionar por falta de energía. La desnutrición crece de forma alarmante. En este dramático contexto, UNICEF reportó que en el norte de Gaza, uno de cada tres niños menores de dos años sufre desnutrición aguda severa.
Para muchos analistas, el giro político del gobierno israelí busca recuperar iniciativa frente a la opinión pública interna. Pero el costo humanitario es altísimo. “La decisión de cortar la ayuda puede tener consecuencias devastadoras en el corto plazo”, afirmó la ONG Amnistía Internacional.
Mientras Israel reordena su estrategia militar, miles de palestinos siguen atrapados entre ruinas, esperando comida que no llega y bajo la amenaza constante del fuego cruzado. La suspensión de la ayuda, lejos de debilitar a Hamás, deja a la población civil aún más expuesta y sin protección.
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