Luego del fallo emitido por la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, que ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF, el presidente Javier Milei convocó a su gabinete en Casa Rosada. La reunión se realizó este martes en el Salón Eva Perón y tuvo como eje central definir la respuesta oficial frente al revés judicial, en el marco de una condena millonaria por la expropiación de la petrolera en 2012.
La medida de la Justicia estadounidense no solo obliga a entregar el paquete accionario, sino que da al país un plazo de dos semanas para cumplir. El fallo responde a una demanda por daños tras la reestatización llevada a cabo durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Axel Kicillof era viceministro de Economía e interventor de YPF.
Milei, que se expresó rápidamente a través de la red social X, anticipó la postura del Ejecutivo nacional: “Apelaremos este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”. En el mismo mensaje, el presidente descargó fuertes críticas contra el actual gobernador bonaerense.
“Haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK. Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires”, expresó Milei.
Además del gabinete, en el encuentro participaron asesores cercanos como Santiago Caputo, en medio de un contexto político tenso dentro de La Libertad Avanza, por la definición de listas legislativas. La crisis judicial por YPF se suma así a los desafíos internos del oficialismo, que busca consolidar su posición de cara a las elecciones.
El Gobierno considera que el fallo es un golpe al Estado argentino y busca encarar una defensa coordinada en tribunales internacionales. Según fuentes oficiales, el equipo legal ya trabaja en una nueva estrategia para evitar la ejecución de la sentencia, que implicaría la entrega efectiva de acciones y eventualmente activos estatales.
Preska ya había solicitado meses atrás que Argentina detallara sus bienes, incluyendo oro, acciones de empresas públicas y cuentas. Este nuevo capítulo profundiza la presión sobre el país, que ya fue condenado a pagar más de 16.000 millones de dólares por el proceso de expropiación.
El juicio se originó por una demanda del fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio a accionistas minoritarios perjudicados en 2012. El argumento central fue que el Estado no lanzó una oferta pública, tal como indicaba la ley, al tomar control de la petrolera.
Con un clima político cargado y la atención puesta en las consecuencias económicas, el presidente Milei dejó clara su postura: no dará marcha atrás en su estilo confrontativo ni en su objetivo de desarmar los errores del pasado. El escenario judicial será clave para conocer el desenlace de uno de los litigios internacionales más costosos en la historia argentina.
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