La Legislatura de Tucumán aprobó ayer miércoles el nuevo Digesto Jurídico Provincial. La medida fue votada por unanimidad en una sesión especial que reunió a legisladores del oficialismo y de la oposición. El texto, elaborado por la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, consolidó 1.400 leyes generales y derogó más de 1.900 normas que ya habían perdido vigencia. La herramienta permitirá a los ciudadanos conocer con claridad qué leyes rigen actualmente en la provincia.
El proyecto fue impulsado por el vicegobernador Miguel Acevedo y coordinado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse. El trabajo técnico demandó más de un año y medio de revisión normativa y contó con la participación de representantes de los tres poderes del Estado. La tarea consistió en clasificar y actualizar el conjunto de leyes sancionadas hasta el 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de reducir la confusión legal acumulada durante décadas.
En total, se revisaron más de 4.600 normas. De ese universo quedaron vigentes 1.400 leyes generales, se identificaron 1.300 leyes especiales de aplicación restringida, y se derogaron otras 1.900 por haber caducado, cumplido su objeto o superado su plazo de vigencia. “Hoy sabemos con certeza cuántas leyes rigen en Tucumán y podemos ofrecer seguridad jurídica”, expresó Vargas Aignasse al término de la sesión.
La aprobación fue celebrada como un paso institucional de gran envergadura. A la sesión asistieron representantes de la Corte Suprema, el Tribunal de Cuentas, la Universidad Nacional de Tucumán y distintas organizaciones judiciales y religiosas. “Con este paso ordenamos el marco legal vigente y lo ponemos a disposición de toda la ciudadanía”, señaló Acevedo. Y agregó: “El verdadero desafío que empieza ahora es lograr que ese derecho sea accesible, comprensible y útil para todos”.
El nuevo Digesto incluirá leyes clave como la Ley de Ministerios, el Código Tributario, la Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros, y las normativas orgánicas del Poder Judicial y del Instituto de Previsión y Seguridad Social. Todo el cuerpo normativo quedará disponible para consulta pública a través del sitio web oficial de la Legislatura provincial.
Durante la sesión, también se anunció un proyecto conjunto con la Facultad de Derecho de la UNT para aplicar inteligencia artificial al lenguaje legal. El objetivo es traducir las leyes provinciales a un lenguaje claro, libre de tecnicismos y fácil de entender para cualquier ciudadano. “Una ley, además de obligaciones, genera derechos. Queremos que todos puedan conocerlos y ejercerlos”, afirmó Acevedo.
La legisladora Vargas Aignasse destacó la dimensión ciudadana del proceso. Subrayó que, a partir de ahora, el sistema legal será más ágil y transparente. “Como legisladores, tenemos la obligación de ofrecer textos claros para que la ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones”, dijo.
Desde la presidencia subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla valoró el consenso alcanzado. “Este fue un trabajo colectivo, que demuestra que cuando se deja de lado la especulación política, se puede avanzar en políticas públicas duraderas”, señaló.
La modernización normativa no se detendrá con la publicación del Digesto. Las autoridades adelantaron que habrá actualizaciones permanentes y una apertura hacia la participación ciudadana. “Esto es solo el primer paso”, resumió Acevedo, quien hoy está al frente del Ejecutivo provincial.
Contar con un marco legal ordenado mejora de manera directa la vida de las personas. Cuando las leyes están claras, accesibles y actualizadas, cada ciudadano puede conocer con precisión cuáles son sus derechos y obligaciones. Esto reduce los conflictos, evita interpretaciones erróneas y fortalece la confianza en las instituciones.
Un sistema normativo comprensible permite, por ejemplo, que un comerciante entienda fácilmente las reglas tributarias, que una docente acceda a su régimen jubilatorio sin intermediarios o que una familia pueda ejercer un reclamo sin trabas burocráticas. La organización legal no es solo una cuestión técnica: es una herramienta concreta para garantizar igualdad, previsibilidad y acceso real a la justicia.
Carolina Vargas Aignasse presentó en el rectorado de la UNT el trabajo de depuración legal que reducirá las más de 4000 leyes a 1.500 leyes vigentes.
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