Causa YPF: EEUU ordena entregar chats de Massa y Caputo

La Justicia de Estados Unidos intensificó este martes la ofensiva judicial contra la Argentina en el caso por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska ordenó la entrega de comunicaciones electrónicas privadas de funcionarios y exfuncionarios argentinos. La medida incluye correos electrónicos y mensajes de WhatsApp del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa.

La decisión responde a una solicitud presentada por los fondos Burford Capital y Eton Park, que buscan acelerar el proceso de embargo sobre activos estatales. Ambos grupos financieros pretenden ejecutar la sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar U$S16.100 millones por la nacionalización de la petrolera durante el kirchnerismo.

La jueza aceptó el pedido de discovery, una etapa del proceso civil estadounidense que permite el acceso a pruebas documentales. El objetivo es probar que varias instituciones argentinas —entre ellas el Banco Central, YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas— actúan como “alter ego” del Estado nacional. Esa figura legal habilitaría embargos directos contra bienes de esos organismos.

La decisión afecta también a otros exfuncionarios de peso. Preska incluyó en su orden a Santiago Caputo, asesor presidencial; a José Ignacio de Mendiguren, exsecretario de Industria; a Guillermo Michel, exdirector de Aduanas, y a Gabriel Rubinstein, exsecretario de Política Económica.

La resolución judicial llegó mientras el Estado argentino argumentaba ante la Corte de Apelaciones en Nueva York para evitar entregar las acciones de YPF. En su presentación, los abogados advirtieron que ejecutar esa orden “causaría un daño irreparable a la República” y “podría desatar un conflicto diplomático significativo”.

El escrito sostiene que la orden de Preska “vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero”. Además, remarca que las acciones de YPF están en territorio argentino y no deberían quedar alcanzadas por la decisión de una corte extranjera.

“El interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino”, señala el texto judicial.

Cabe recordar que en 2023, el tribunal neoyorquino falló contra la Argentina tras considerar ilegítima la forma en que se estatizó YPF en 2012. La jueza entendió que el Estado nacional debió lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, algo que nunca ocurrió.

En aquella oportunidad, los demandantes ya habían solicitado acceder a información confidencial de 27 personas ligadas al proceso de expropiación. El gobierno argentino intentó limitar la lista, pero Preska rechazó esa postura y ahora reactivó el reclamo.

Con este nuevo giro, la disputa legal entra en una fase de tensión diplomática y financiera. Mientras el oficialismo busca frenar la ejecución, los fondos acreedores presionan por el cobro de la sentencia. La Corte de Apelaciones deberá definir si respalda a Preska o si otorga a la Argentina una nueva instancia de protección judicial.

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