

El Gobierno nacional anunció este viernes que iniciará una demanda judicial contra la Universidad de Buenos Aires por el uso de su página oficial. La decisión se tomó después de que el sitio web de la institución redirigiera a los usuarios hacia un subdominio denominado “Noalveto”, en rechazo al veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. La medida generó un fuerte cruce con la autonomía universitaria, en medio del conflicto por el recorte de fondos.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, acusó a las autoridades universitarias de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El comunicado oficial señaló que la acción “impidió a los estudiantes acceder a la página www.uba.ar” y que “se bloqueó su ingreso con contenido de carácter político partidario”. La cartera exigió además “el cese inmediato” del redireccionamiento y la recuperación del dominio original.
Desde el Gobierno afirmaron que se iniciará una investigación para identificar a quienes ordenaron la creación del subdominio https://noalveto.uba.ar. Según el texto difundido, la medida busca “determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes”. El Ministerio sostuvo: “Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa”. También calificó la acción como una “manipulación de los canales oficiales de comunicación” y una “utilización de recursos públicos con fines partidarios”.
COMUNICADO OFICIAL. pic.twitter.com/Jm3ZyC1ztX
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 12, 2025
En otro tramo del comunicado, la cartera dirigida por Pettovello advirtió que el redireccionamiento “configura una violación a los principios de normal funcionamiento y de acceso igualitario”, además de “comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades”. La funcionaria ratificó que la Casa Rosada mantendrá un compromiso “con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley”.
El conflicto se desarrolla tras el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso con amplio apoyo opositor. La normativa contemplaba la actualización de gastos de funcionamiento, mejoras salariales, creación de fondos de infraestructura y un financiamiento progresivo que alcanzaba el 1,5% del PBI en 2031. En sus fundamentos, el Ejecutivo consideró que el texto “incrementa de manera desproporcionada el gasto público” y que provoca “un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”. El Gobierno sostuvo además que la medida “perjudica especialmente a los sectores más vulnerables”.
Mientras tanto, docentes y no docentes universitarios realizaron un paro nacional durante toda la jornada de este viernes. En Tucumán la movilización se realizó frente al Rectorado universitario desde las 10 de la mañana. En paralelo, el movimiento estudiantil y los gremios avanzan en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria. La movilización coincidirá con la sesión convocada en el Congreso para el miércoles 17 de septiembre a las 13 horas, donde los legisladores deberán analizar si ratifican o rechazan el veto presidencial.
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