La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente este martes en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Gregorio Dalbón. La acusación la señala por abuso de autoridad, tras solicitar allanamientos contra periodistas y medios de comunicación en el marco de una causa vinculada a presunto espionaje ilegal. El letrado afirmó que la funcionaria buscó “amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”, en un hecho que generó fuerte repercusión política.
La denuncia surge luego de que Bullrich, en representación del Gobierno nacional, presentara un escrito en la Justicia por supuestas maniobras ilegales contra Karina Milei. En ese expediente, la ministra pidió medidas que, según Dalbón, resultan “manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”. Por ello, el abogado solicitó que la funcionaria sea citada a declaración indagatoria.
Entre los pedidos de Bullrich figuró el allanamiento de los estudios de Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. También requirió el secuestro de equipos de trabajo y documentación vinculada a la investigación. Como medida cautelar, solicitó la prohibición de difusión, reproducción o circulación de los audios y otros materiales obtenidos en la operación denunciada. Esa solicitud fue considerada por Dalbón como un intento de censura previa, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución Nacional.
El abogado explicó que “la denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva”. Con estas palabras, dejó en claro que el alcance de la medida excedía a los involucrados directos en la investigación.
Para Dalbón, el accionar de la ministra constituye un ejemplo de extralimitación en el ejercicio de sus funciones. “El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”, señaló el letrado en su presentación.
En su escrito, además, el abogado sostuvo que “el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”. De esa forma, enmarcó la conducta denunciada dentro del delito de abuso de autoridad, con consecuencias penales directas para la funcionaria.
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