
El Senado aprobó un proyecto que limita el uso de los DNU presidenciales
La iniciativa recibió 56 votos a favor y ahora deberá ser tratada en Diputados. El oficialismo anticipa un posible veto presidencial.
El fiscal Carlos Stornelli quedó a cargo de la causa que analiza si hubo espionaje ilegal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El juez Julián Ercolini resolvió delegar la investigación luego de que la denuncia fuera impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través del abogado Fernando Soto.
Stornelli dispuso abrir la investigación y solicitó informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El objetivo es conocer quiénes están detrás del canal de streaming Carnaval, que difundió los audios atribuidos a la hermana del Presidente. Además, el fiscal puso énfasis en determinar si las grabaciones ocurrieron en la Casa de Gobierno o en el Congreso, como indicó Martín Menem.
En su dictamen, Stornelli fue categórico al descartar allanamientos en domicilios de periodistas, una medida que había impulsado Bullrich. “Se infiere que todas o parte de esas grabaciones habrían ocurrido no solo respecto de funcionarios federales de alto rango sino en lugares donde el gobierno tiene absoluta y exclusiva jurisdicción”, advirtió el fiscal. Consideró que las circunstancias configuran una operación de inteligencia ilegal y ordenó profundizar la investigación.
La ley de inteligencia nacional establece limitaciones estrictas sobre la intervención en fuentes periodísticas, y el fiscal remarcó la imposibilidad de vulnerar ese resguardo. Por ello, pidió informes oficiales sobre la habilitación de Carnaval y aclaró que, en el caso de los streamings, no existen regulaciones equivalentes a los canales de televisión tradicionales. La Justicia también deberá establecer si los audios corresponden a grabaciones voluntarias de los interlocutores o a maniobras de interceptación clandestina.
Fuentes judiciales explicaron que la imputación todavía no tiene un encuadre definido. Podría derivar en delitos como asociación ilícita, violación de la ley de inteligencia o perturbación del orden público. Sin embargo, no se descarta que el caso responda a disputas políticas internas, si se comprobara que los registros provinieron de un participante de la conversación. Bullrich, en tanto, sostuvo que “lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación”.
La iniciativa recibió 56 votos a favor y ahora deberá ser tratada en Diputados. El oficialismo anticipa un posible veto presidencial.
Con 39 legisladores presentes, la oposición busca anular el veto presidencial y limitar los DNU, mientras crecen denuncias contra Karina Milei.
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