El Senado de la Nación vive este jueves una jornada cargada de tensión política. Con el respaldo de 39 legisladores, la oposición puso en marcha la sesión destinada a rechazar de forma definitiva el veto presidencial sobre la Emergencia en Discapacidad. La convocatoria se produjo tras la decisión de la Cámara de Diputados, que el 20 de agosto ya había desestimado el mismo veto. El oficialismo, debilitado en número, enfrenta un escenario adverso en un contexto marcado por denuncias de corrupción que golpean al Gobierno.
El tema central fue la ley impulsada en febrero de este año por distintos bloques opositores. Si el Senado logra reunir los dos tercios de los votos, el proyecto quedará vigente pese al rechazo presidencial. De confirmarse ese resultado, el hecho tendrá carácter histórico: la última vez que el Congreso anuló un veto presidencial fue en 2003. Para la oposición, se trata de un paso imprescindible para garantizar la continuidad de los programas de asistencia a las personas con discapacidad.
El arranque de la sesión estuvo atravesado por el escándalo que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Audios atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, sugieren el supuesto cobro de coimas por parte de Karina Milei, hermana del Presidente. Según la denuncia, la maniobra habría involucrado contratos con el laboratorio Suizo Argentino. La polémica alcanzó el recinto luego de que la senadora jujeña Carolina Moisés planteara una cuestión de privilegio contra Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Moisés denunció que el Gobierno intentó frenar la difusión de los audios mediante una presentación judicial. “Al Presidente le molesta la realidad, y amedrenta violentamente”, sostuvo. Además, señaló que el oficialismo desarrolla “un ataque sistemático contra la prensa”. Para la legisladora, la situación compromete la vigencia de derechos consagrados en pactos internacionales y vulnera la libertad de expresión. La oposición aprovechó ese marco para redoblar la presión sobre el oficialismo, que llegó debilitado al debate.
La ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en julio contemplaba fondos asegurados hasta diciembre de 2027 para el pago a prestadores de servicios, entre ellos enfermeros, transportistas y acompañantes terapéuticos. También reactivaba la entrega de pensiones, actualizaba los montos —en junio de 2025 el beneficio sería de $213.286,50— y mejoraba los salarios de trabajadores con discapacidad empleados en talleres asistidos, que desde febrero de 2023 perciben $28.000. El veto presidencial dejó en suspenso todas estas medidas, lo que generó un amplio rechazo entre asociaciones y familias.
Además, el Senado discute otro proyecto clave: la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia. La iniciativa de la oposición propone que el Congreso deba ratificar los DNU en un plazo máximo de 90 días, modificando el sistema actual que solo exige la mayoría en una cámara para su rechazo. Los cambios también buscan delimitar el alcance de los decretos, estableciendo que cada medida corresponda a un área técnica específica y evitando así “megadecretos” como el 70/2023.
La titular del Senado, Victoria Villarruel, no estuvo presente en el debate por encontrarse a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira presidencial en Estados Unidos.
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