En una sesión maratónica en la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. El proyecto contó con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, lo que permitió que la iniciativa presentada por Unión por la Patria se convirtiera en ley. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya anunció en sus redes sociales que vetará cualquier iniciativa que “atente con el déficit cero”.
El proyecto tiene como objetivo mejorar las asignaciones de las personas con discapacidad y la calidad de los servicios prestados a este colectivo, en medio de un contexto de crisis profunda.
La emergencia en discapacidad busca atender la situación de vulnerabilidad que atraviesan miles de familias. "Es una ley que está fuera de la grieta y busca atender lo que es una verdadera emergencia", destacó el diputado Daniel Arroyo, autor del proyecto. Según Arroyo, la legislación busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y fortalecer el sistema de atención. Además, se propone una actualización de las retribuciones de los prestadores de servicios, como transportistas, acompañantes terapéuticos y hogares.
El proyecto establece que los fondos destinados a la atención de personas con discapacidad deben ser aumentados. Actualmente, los trabajadores que desempeñan tareas en talleres asistidos cobran un salario mensual de $28.000, cifra que no ha sido modificada desde febrero de 2023. Por otro lado, también se propuso una mejora en la eficiencia de los procesos administrativos relacionados con las pensiones, que, en los últimos 14 meses, solo han cubierto un pequeño porcentaje de las solicitudes presentadas. De las 500.000 solicitudes pendientes, solo se otorgaron 586 pensiones.
Además de los aumentos en las pensiones y servicios, la ley también establece medidas para el cumplimiento del cupo laboral, con incentivos a las empresas que contraten personas con discapacidad. "Cuando un Gobierno designa a un funcionario frente al área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad", agregó Arroyo, subrayando la importancia de la empatía en la gestión pública.
Desde el oficialismo, se acusó a la oposición de intentar hacer demagogia con las necesidades de este sector vulnerable. A pesar de la aprobación del proyecto, se especula que el presidente Javier Milei podría vetar la ley, al igual que otros proyectos, como los referidos a los aumentos jubilatorios. Sin embargo, el apoyo popular y las movilizaciones sociales podrían influir en el futuro de la ley.
La medida también prevé la creación de un fondo especial para financiar la implementación de estas medidas. De acuerdo con las estimaciones, el impacto fiscal de la ley sería de entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI). Este fondo se destinará a la actualización de salarios y la mejora de los servicios, además de buscar soluciones para saldar las deudas acumuladas con los prestadores de servicios.
El presidente Javier Milei anticipó su intención de vetar no solo la ley de emergencia en discapacidad, sino también otros proyectos sociales aprobados por el Congreso, como la ley que contempla aumentos jubilatorios. Este anuncio ha generado una fuerte reacción tanto de la oposición como de organizaciones sociales, que defienden la importancia de estas leyes para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
En este contexto, Milei considera que estos proyectos son fiscalmente insostenibles y que prioriza el control del gasto público como parte de su agenda económica. A pesar de este rechazo, el veto del presidente podría enfrentar un desafío legislativo, ya que se requieren dos tercios de los votos para anularlo. La situación ha tensado aún más las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente en un contexto de creciente movilización social.
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