El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a las empresas de telefonía que informen los números de celulares de Javier Milei, su hermana Karina y de los otros seis imputados en la causa que investiga el lanzamiento del token \$LIBRA. La medida apunta a detectar posibles comunicaciones entre los implicados antes y después de la promoción pública del criptoactivo, que perdió casi todo su valor en pocos días.
La decisión se conoció esta mañana, en el marco de la causa iniciada a raíz de una denuncia que busca determinar si existió una maniobra fraudulenta para beneficiar a un grupo reducido de personas. En esa línea, Taiano solicitó los registros de titulares de líneas, las compañías utilizadas por los acusados, la geolocalización del supuesto creador del token y la eventual existencia de llamadas entre ellos.
Según consta en el expediente, los ocho imputados son el presidente Javier Milei, su hermana Karina, el economista Alberto Benegas Lynch, el empresario criptográfico estadounidense Hayden Adams Davis, el influencer Guido Zaffora, el trader Carlos Maslatón, el funcionario Ramiro Marra y el consultor financiero Agustín Romo.
El fiscal pidió a las prestadoras que informen si alguno de los acusados tiene líneas a su nombre o si las tuvo en el pasado reciente. También exigió que se indiquen las fechas de alta y baja de cada número y los titulares registrados. Esta información permitirá establecer patrones de contacto entre los involucrados, en particular en los días previos y posteriores a la difusión de \$LIBRA en redes sociales.
En su dictamen, Taiano también solicitó la localización geográfica de Hayden Davis durante su paso por Argentina, ya que el empresario aparece como principal impulsor del proyecto. El objetivo es cruzar su ubicación con los movimientos del resto de los imputados y confirmar si existieron encuentros presenciales o coordinaciones directas en el país.
La medida busca comprobar si hubo intercambio de llamadas, mensajes o contactos que indiquen una planificación deliberada de una operatoria que benefició a quienes compraron el token antes de que se disparara su valor, impulsado por la promoción de Milei y otros referentes libertarios.
La criptomoneda fue lanzada el 11 de mayo y generó un fuerte impacto mediático tras ser difundida por el propio Presidente. En los minutos siguientes, su precio subió más de un 1000%, para luego caer abruptamente y perder casi todo su valor. Este comportamiento hizo sospechar a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que pidió investigar si hubo una maniobra fraudulenta.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien delegó la investigación en el fiscal Taiano. El magistrado ya había requerido información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre la operatoria del token y pidió medidas para congelar activos si se detecta delito.
El fiscal también intenta determinar si la cuenta oficial del Presidente en la red X (antes Twitter) fue utilizada de manera deliberada para manipular el mercado. La promoción directa de una inversión financiera sin advertencias ni regulación podría constituir una violación a las normas de la CNV y derivar en responsabilidades penales.
Además del análisis de llamadas, Taiano también pidió investigar los antecedentes financieros de los imputados y sus eventuales ganancias con la suba y posterior desplome del token. Si se comprueba que algunos de ellos se beneficiaron con información privilegiada, podría configurarse un delito de estafa o manipulación de mercado.
Hasta ahora, ningún imputado declaró ante la Justicia. Sin embargo, el pedido de los registros telefónicos indica que el fiscal busca profundizar la investigación en torno a la coordinación entre los acusados. Las próximas semanas serán clave para definir si existió una maniobra premeditada o si el episodio fue apenas un caso de especulación sin responsabilidad penal directa.
La causa \$LIBRA podría escalar si se detectan movimientos financieros o comunicaciones que respalden la hipótesis de una estafa. Por ahora, Taiano avanza con cautela, pero no descarta ampliar las medidas si surgen nuevos indicios. El rastreo de llamadas será central para reconstruir la red de contactos que rodeó al token desde su creación hasta su colapso.
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