Un juez federal procesó por abuso de autoridad y lesiones leves a un policía que gaseó en la cara a una nena de 10 años. El hecho ocurrió durante una protesta de jubilados frente al Congreso el 11 de septiembre de 2024. La menor, identificada como Fabricia Pegoraro, se encontraba con su madre en el lugar, pero ninguna de las dos participaba activamente de la manifestación. El efectivo Cristian Rivaldi fue grabado mientras apuntaba directamente a sus rostros con un gas lacrimógeno, en un contexto que la Justicia calificó como injustificado.
Según el fallo, ambas víctimas estaban en el suelo, sin agredir ni amenazar a nadie, y en clara posición de desventaja respecto al uniformado. El juez que investiga el caso concluyó que Rivaldi se apartó por completo de los protocolos vigentes para el uso de la fuerza en manifestaciones. “Arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad”, indicó el documento judicial. Las pruebas fílmicas que circulan desde aquel día fueron fundamentales para el avance del expediente.
La familia de Fabricia se presentó como querellante tras el ataque. Aportaron testigos, registros audiovisuales y reclamaron explicaciones institucionales sobre lo ocurrido. La Justicia determinó que el accionar del agente fue deliberado. “Tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja. El agresor estaba parado y apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción”, sostiene el fallo. Además, el magistrado aseguró que no existen dudas sobre la veracidad del relato de la madre: “No hay motivo para dudar del testimonio de la querellante. Las imágenes corroboran férreamente sus dichos”.
El descargo del imputado fue descartado por el tribunal por considerarlo “inverosímil”. En su defensa, Rivaldi presentó un escrito de 60 carillas, donde evitó responder preguntas y explicó que sólo obedecía órdenes. “Actué bajo protocolo, como corresponde. Recibí instrucciones de mis superiores en la sala de operaciones. Creo que estaba Patricia Bullrich”, escribió el policía, en alusión a la ministra de Seguridad. También sostuvo que no vio a la menor, que no fue sancionado por sus superiores y que jamás habría actuado así si hubiera advertido la presencia de una nena.
Según relató la periodista Vanesa Petrillo en el programa “De Una” (C5N), Rivaldi declaró que en este tipo de marchas “nunca se ven nenes”. En su escrito, expresó que si hubiera notado la presencia de una menor, “la habría sacado del lugar”. La Justicia, sin embargo, no le creyó. Las imágenes, analizadas cuadro por cuadro, demuestran lo contrario: el agente apunta con claridad hacia los rostros de las víctimas y dispara sin reparo.
El episodio ocurrió durante una marcha de jubilados en la Ciudad de Buenos Aires, una de las muchas convocadas cada miércoles en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, estas protestas han sido reprimidas sistemáticamente por las fuerzas federales, bajo la conducción de Bullrich. El 11 de septiembre, cientos de adultos mayores se concentraron pacíficamente en la zona del Congreso. Fue en ese contexto cuando ocurrió la agresión a la niña.
A pesar de la brutalidad del ataque, la Justicia no dictó prisión preventiva para el imputado. Sin embargo, el procesamiento representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para la víctima. El accionar de Rivaldi generó un fuerte repudio de organismos de derechos humanos, que exigieron sanciones concretas contra el agente y sus superiores. La causa continúa abierta, y el próximo paso podría ser el juicio oral.
Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad no emitió comentarios oficiales sobre la conducta del efectivo. La cartera que conduce Bullrich tampoco informó si tomó alguna medida interna respecto a lo ocurrido. En paralelo, los abogados de la familia de Fabricia insistieron en que se investigue la responsabilidad de toda la cadena de mando que autorizó la represión.
El caso volvió a encender el debate sobre el uso excesivo de la fuerza pública en manifestaciones sociales. Especialistas advierten que no hay protocolos claros ni límites reales frente a las acciones de las fuerzas de seguridad. La agresión a una nena de 10 años, que no participaba de la protesta, se convirtió en símbolo de la violencia institucional que atraviesa las calles del país.
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