Al conflicto en el Hospital Garrahan se le sumó un nuevo capítulo este domingo tras el anuncio de un aumento salarial exclusivo para residentes. El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, informó que desde el 1 de julio los médicos en formación recibirán $1.300.000 mensuales. Sin embargo, los gremios advierten que la mejora deja afuera al 90% del personal. La exclusión generó una inmediata reacción y habrá una asamblea general este martes para definir paros y movilizaciones.
Desde ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y otros sindicatos del hospital pediátrico señalaron que la medida profundiza el conflicto en lugar de resolverlo. “El anuncio excluye a más del 90% de las personas que trabajamos en el hospital, de todas las profesiones y oficios, lo cual lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”, expresaron en un comunicado. La decisión oficial fue leída como un intento de dividir al personal y desactivar las protestas en curso.
El Gobierno, por su parte, justificó el incremento para residentes con argumentos de eficiencia administrativa. El ministro Mario Lugones dijo que se financia “con el ahorro obtenido mediante la eliminación de gastos superfluos y desvíos presupuestarios”. Además, destacó la implementación del sistema biométrico de asistencia como una herramienta para reducir personal y controlar la presencia.
Esta narrativa no convenció a los trabajadores. Los gremios insisten en que la decisión fue unilateral y no responde al reclamo colectivo que vienen sosteniendo desde hace semanas. Además, apuntan que no hubo convocatorias formales para discutir mejoras salariales integrales. “Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”, sostuvieron desde la asamblea de trabajadores.
La tensión en el Garrahan no es nueva. Desde mayo, los empleados reclaman una actualización salarial acorde al aumento del costo de vida. La mayoría cobra sueldos muy por debajo del nivel anunciado para residentes. A eso se suma la falta de presupuesto, el congelamiento de partidas y el endurecimiento de controles por parte del Ministerio de Capital Humano.
El Poder Ejecutivo lanzó su contraofensiva al amenazar que aplicará sanciones a quienes participen en medidas de fuerza. “Si las faltas acumuladas llegan a cinco, quedarían automáticamente desafectados”, señalaron desde la cartera sanitaria. La advertencia se extiende a los residentes, que podrían “perder o desaprobar la residencia” si se adhieren a los paros.
En este contexto, los gremios convocaron a todos los sectores del hospital a reunirse este martes a las 13 horas. Allí se evaluarán acciones concretas para visibilizar el malestar y exigir una solución.
“Ya refutamos categóricamente a la viceministra Cecilia Loccisano, el vocero Manuel Adorni y hasta el presidente Javier Milei”, afirmaron. También denunciaron que se miente sobre el número de administrativos y que se intenta instalar la idea de supuestos “ñoquis” para justificar recortes.
La estrategia oficial parece orientada a polarizar el conflicto y debilitar la unidad sindical. Sin embargo, tanto residentes como personal estable reiteran la necesidad de una respuesta integral. “Esto no se resuelve con anuncios parciales. Necesitamos un acuerdo real que incluya a todos los que sostenemos el hospital”, concluyeron desde la representación gremial.
Todo indica que el martes será un día decisivo. Si el Gobierno no da una respuesta que contemple al conjunto del personal, el conflicto podría escalar aún más. La continuidad de la atención en uno de los hospitales pediátricos más importantes del país dependerá, en buena medida, del resultado de la asamblea.
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