El Gobierno dejó sin efecto el Decreto 2417/1993 y modificó el esquema que regulaba los aranceles de los colegios privados. Lo hizo mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La decisión apunta a eliminar controles previos sobre las cuotas y a modificar el vínculo entre el Estado y los institutos de gestión privada.
Según los fundamentos oficiales, la norma derogada imponía requisitos que ya no se ajustan al contexto educativo actual. El Ejecutivo sostuvo que el sistema nacido en los años 90 respondía a una estructura centralizada, previa a la transferencia de competencias a las provincias. Por eso considera necesario redefinir el marco vigente y permitir que cada institución actúe con mayor flexibilidad.
El Gobierno planteó que los controles estatales sobre matrículas y cuotas generaban efectos adversos. Señaló que la obligación de informar precios con anticipación y pedir autorización para cualquier cambio limitaba la capacidad de adaptación de las escuelas privadas. También afirmó que ese mecanismo afectaba su viabilidad económica en un escenario de fuertes variaciones de costos.
El decreto advierte además que esta rigidez impactaba sobre las familias. Según el texto, muchas instituciones fijaban valores más altos por temor a no poder cubrir gastos sin aprobación estatal. Esa dinámica elevaba los aranceles desde el inicio del ciclo lectivo y reducía las opciones de elección para los hogares con menos margen económico.
La Casa Rosada también defendió el derecho de propiedad de los institutos privados. Sostuvo que deben poder establecer sus condiciones de contratación y definir salarios sin autorización previa del Estado. Afirmó que la intervención oficial en los precios podía derivar en menor calidad educativa, porque impedía responder en tiempo real a aumentos de insumos o sueldos.
Frente a este escenario, el Gobierno ordenó al Ministerio de Capital Humano revisar las pautas del Decreto 2542/1991, que rige el financiamiento del sector. La Secretaría de Educación deberá presentar una propuesta de actualización. La intención es avanzar hacia un esquema basado en la libre contratación, donde cada colegio pueda definir sus políticas de precios dentro de un marco competitivo.
