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Con 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Financiamiento Universitario. La sesión se realizó este miércoles, mientras organizaciones sociales, gremios y estudiantes marchaban en las afueras del Congreso en defensa de la universidad pública.
El proyecto, impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y bloques opositores, propone una recomposición del presupuesto para las universidades nacionales. Incluye una actualización automática por inflación desde enero de este año, además de fondos específicos para hospitales universitarios, investigación, extensión y creación de carreras estratégicas. Ahora, el texto pasará al Senado para su tratamiento.
La iniciativa establece que el presupuesto universitario deberá alcanzar el 1% del Producto Bruto Interno (PBI), y contempla una compensación salarial por la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Además, prevé paritarias obligatorias para docentes y no docentes, y la incorporación total de sumas no remunerativas al salario básico en 2025.
Uno de los puntos destacados es el control administrativo externo por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), que deberá elevar informes periódicos al Congreso. El objetivo es garantizar transparencia y uso eficiente de los recursos.
El oficialismo votó en contra del proyecto. Sin embargo, bloques como Unión por la Patria, el radicalismo, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal apoyaron la medida. El proyecto marca otro duro revés legislativo para el Gobierno de Javier Milei, que ya vetó una norma similar este mismo año.
Desde el bloque radical “Democracia para Siempre”, Pablo Juliano defendió con firmeza la iniciativa: “La universidad pública entreabre la puerta de las oportunidades. No es parte del problema, es parte de la solución”.
La diputada Danya Tavela cuestionó la falta de presupuesto: “El primer responsable de que estemos discutiendo esto es el Gobierno, que por segundo año no envía la ley de Presupuesto”.
En tanto, el cordobés Oscar Agost Carreño advirtió: “Vemos que no hay plata para la calidad universitaria. Pero sí para trolls o para pauta en empresas públicas”.
Gabriela Brouwer de Koning, también de la UCR, destacó la importancia estratégica de la educación en la actualidad. “La Universidad pública no es un gasto ni un privilegio, es una inversión”, subrayó.
En simultáneo con el debate, organizaciones sociales, sindicatos y referentes de derechos humanos se movilizaron en las afueras del Congreso. Participaron trabajadores del INTI, Abuelas de Plaza de Mayo, jubilados, personal de salud y universidades.
Entre los temas abordados en la sesión también figuran la situación del Hospital Garrahan, el rechazo al veto presidencial sobre Bahía Blanca y la modificación de la comisión que investiga el caso $LIBRA.
El proyecto de financiamiento universitario deberá ahora superar el desafío del Senado, donde el oficialismo buscará frenar su avance. El presidente Milei, por su parte, advirtió: “El superávit fiscal no se negocia”. La discusión sobre el financiamiento de la educación pública promete seguir ocupando un lugar clave en la agenda legislativa.
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