Familias sin techo: Nación delega tareas a las provincias

El Gobierno nacional cambió este lunes el esquema de intervención en políticas para personas en situación de calle. Lo hizo mediante el Decreto 373/2025, que redefine el rol del Estado nacional. A partir de ahora, las provincias y municipios asumirán la implementación de estas políticas sociales. Nación solo intervendrá si las jurisdicciones no cuentan con recursos suficientes. El texto fue publicado en el Boletín Oficial y entra en vigencia de inmediato.

Con esta decisión, el presidente Javier Milei busca reconfigurar el reparto de responsabilidades entre el Gobierno nacional y los poderes locales. El nuevo esquema traslada el eje de la acción social al territorio. El Estado nacional solo funcionará como órgano rector, aprobando lineamientos generales. Su asistencia directa será la excepción, no la regla.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, será la nueva autoridad de aplicación. Esta área deberá coordinar con provincias y municipios, y vigilar cómo se usan los fondos nacionales transferidos. También tendrá que verificar si las acciones cumplen con estándares mínimos de derechos humanos.

“La participación del Estado nacional quedará supeditada a situaciones en las que las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean insuficientes”, afirma el decreto. La frase resume el nuevo criterio de intervención.

El Gobierno justifica este cambio en la diversidad de realidades regionales. Algunas zonas tienen alta densidad poblacional; otras sufren precariedad habitacional. En otros casos, el problema es la movilidad de trabajadores migrantes. Por eso, se permitirá que cada jurisdicción diseñe sus propias estrategias para abordar la situación de calle, dentro del marco constitucional.

La medida también deroga el inciso a) del artículo 12 de la ley original. Ese artículo obligaba a mantener todos los programas sociales preexistentes, sin posibilidad de revisión. El Gobierno consideró que eso limitaba la capacidad de rediseñar políticas públicas y reorganizar recursos de manera eficiente. Ahora, los planes podrán ajustarse o eliminarse según las necesidades de cada región.

“El Estado nacional asume un rol de guía y coordinación”, subraya el texto. La ejecución concreta de las políticas estará en manos de las provincias y municipios. Este cambio se enmarca en la estrategia del Gobierno de reducir la intervención estatal y avanzar hacia un modelo federal más estricto.

El decreto también establece que los planes locales deben respetar la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. No podrán aplicarse medidas que violen principios básicos de dignidad humana o no garanticen acceso a vivienda.

El Ejecutivo nacional insiste en que el nuevo modelo mejorará la eficiencia del gasto público. Según explicaron, este tipo de descentralización permitirá ajustar las políticas a cada contexto. Las provincias podrán actuar con mayor flexibilidad, sin esperar decisiones del poder central.

Este giro en la política social hacia personas en situación de calle se suma a otros recortes y reordenamientos impulsados desde el inicio de la gestión Milei. En todos los casos, el objetivo es el mismo: achicar el Estado, transferir responsabilidades y reducir el gasto nacional.