El lunes 8 de julio, el presidente Javier Milei firmó el decreto 461 para disolver la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, la jueza Martina Forns lo suspendió tras una medida cautelar presentada por el sindicato SEVINA. La resolución judicial, emitida desde el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín, frena por seis meses cualquier acción vinculada a la aplicación del decreto.
La magistrada ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar reubicaciones, cesantías, suspensiones o traslados del personal de Vialidad. También impide eliminar estructuras organizativas durante el plazo de la suspensión. “Se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada”, fundamentó Forns en su fallo.
El origen del reclamo judicial fue una presentación del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que alertó sobre la amenaza que implicaba la disolución para sus trabajadores. La jueza explicó que el decreto ponía en riesgo la estabilidad laboral, al señalar que “vulneran las normas y garantías laborales vigentes”.
En el análisis del caso, Forns recordó que Vialidad Nacional es una entidad autárquica de derecho público. Tiene personalidad jurídica propia y se rige por normas específicas que garantizan su funcionamiento y la protección de sus empleados. “Toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos”, argumentó la jueza.
Uno de los puntos más cuestionados fue el artículo 33 del decreto. Allí se establecía que todo movimiento de personal debía contar con aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado. “Dicha disposición vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales”, sostuvo Forns.
La jueza entendió que someter las decisiones internas de personal a una secretaría externa elimina la autonomía operativa de Vialidad. Además, interfiere en competencias reservadas a la negociación colectiva. “Se sustraen del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo”, remarcó en su resolución.
Por otro lado, Forns destacó que existe un “temor a sufrir un daño inminente” por parte del personal. Ese temor, explicó, habilita la cautelar debido a la urgencia del caso. “La falta de una protección jurisdiccional inmediata ante el riesgo cierto de un daño inminente e irreparable puede derivar en un perjuicio efectivo”, concluyó.
La medida dictada tendrá vigencia por seis meses y durante ese tiempo el Gobierno no podrá avanzar con la ejecución del decreto 461. El Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de apelar el fallo. Si lo hace, la causa pasará a revisión de la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Vialidad seguirá funcionando como hasta ahora.
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