Organizaciones, familias y profesionales denuncian abandono, frases discriminatorias y deterioro en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Nacional29 de mayo de 2025
Barbi Escolano
Miles de personas marcharon este jueves en distintos puntos del país para exigir la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad. La jornada comenzó a las 10:30 frente al Congreso y a las 11 en Plaza Independencia, Tucumán. Participaron familias, terapeutas, niños y organizaciones que reclaman el fin de los recortes, demoras en pagos y la restitución de derechos perdidos.
El reclamo surgió frente al deterioro de las condiciones de vida y trabajo. Las asociaciones denuncian la suspensión de pensiones, el incumplimiento del cupo laboral y el colapso del sistema. Los prestadores advierten que sin actualización de aranceles, muchas instituciones cerrarán sus puertas. También protestan por auditorías que retiran beneficios sin garantizar el derecho a defensa.
En este contexto, una frase del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, generó gran malestar. “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”, relató Marlene Spesso tras una reunión con el funcionario. Marlene es madre de Ian Moche, activista autista e influencer.
La frase fue repudiada por organizaciones y redes sociales. “Nos dolió profundamente que diga eso. Y peor aún, que cuestione por qué no pagamos peajes”, agregó Spesso. La ANDIS ya había sido criticada por una resolución que usaba los términos “idiota” y “débil mental”. Luego del rechazo generalizado, debieron anularla.
La movilización nacional se replicó en Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Santa Fe y otras provincias. Los manifestantes llevaron carteles con consignas como “No al recorte” y “Emergencia ya”. Exigieron respuestas urgentes y la aprobación del proyecto que ya obtuvo dictámenes en comisión.
“La emergencia ya está instalada en la vida cotidiana de miles de personas”, dijeron desde Asamblea Discas en Lucha. Alertaron por la falta de medicamentos y de tiras reactivas para diabéticos. Algunas personas espacian las dosis para que los tratamientos alcancen el mes completo.
El proyecto establece medidas hasta 2027. Busca garantizar acceso a salud, educación, trabajo, pago a prestadores y fortalecimiento de servicios esenciales. También exige cumplir con el cupo laboral del 4% en el Estado. Desde el oficialismo aseguran que el proyecto llegará al recinto el 4 de junio.
“Sé del maltrato que viven las familias, ya no aguantan más”, expresó el diputado Daniel Arroyo, impulsor de la iniciativa. “Tiene que ser ley”, reclamó con firmeza ante la multitud.
Sin embargo, desde Casa Rosada se resisten al proyecto. Argumentan que contradice el “déficit cero” y lo califican como “regresivo y asistencialista”. Señalan que no cumple con estándares internacionales y no promueve una inclusión real.
En Córdoba, la Fundación Brochero enfrenta una crisis profunda. “Estamos con miedo de cerrar, de perder profesionales, porque esta situación nos afecta mucho”, dijo su directora, Celeste Garnero. En Mendoza, también hay malestar. Desde la Asamblea Inclusión Mendoza remarcaron: “La emergencia no puede esperar”.
Por su parte, organizaciones sociales elevaron una denuncia ante la ONU. Reclaman que las auditorías para eliminar pensiones no cuentan con garantías de accesibilidad. Aseguran que esto vulnera el derecho a la protección social y a la vida independiente.
“El Decreto 843/24 restablece criterios inconstitucionales”, indicaron entidades como la ACIJ, REDI, CELS y Amnistía Internacional. “Este paradigma es discriminatorio, atenta contra la autonomía financiera y desconoce gastos adicionales”, expresaron en un comunicado conjunto.
También alertaron que muchas personas no logran presentar la documentación exigida. Esto impide cumplir con las citaciones y deja a miles en riesgo de perder su único ingreso. “Ese monto, aunque escaso, permite acceder a salud y cubrir necesidades básicas”, señalaron.
La movilización coincidía con la fecha prevista para tratar la ley, pero se postergó. “El aplazamiento no hace más que agravar la desesperación del sector”, dijo Luciano Urrutia, de la Asociación Provincial de Instituciones. Remarcó que muchas instituciones ya redujeron días de atención.
El reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad no es nuevo. Pero ahora el sistema parece quebrarse. Frente al deterioro, miles de personas salieron a la calle para gritar que no se puede esperar más.
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