La jueza Loretta Preska, desde el tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, rechazó el pedido del Estado argentino para suspender el cumplimiento del fallo que ordena pagar 16.099 millones de dólares. La decisión ratifica que el Gobierno nacional debe transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre que ganaron la demanda por la expropiación de 2012. Aunque la Argentina apeló el fallo ante la Cámara del Segundo Circuito, el proceso podría extenderse durante los próximos dos años.
El conflicto judicial enfrenta al Estado con Burford Capital, que compró los derechos del caso a accionistas perjudicados. La jueza Preska resolvió que Argentina incumplió reglas corporativas cuando expropió YPF y ahora debe responder con bienes. “La República no puede evitar las consecuencias legales de sus actos violatorios del contrato”, había señalado en su fallo original.
La defensa argentina sostiene que el traspaso de acciones violaría leyes internas. “Las acciones de YPF sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso”, argumentaron. Además, advirtieron que ejecutar la sentencia implicaría dañar gravemente el interés público y quebrar el orden jurídico argentino.
A pesar del revés, el Gobierno nacional presentó una apelación formal el jueves pasado, con el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton como representante legal. Los abogados solicitaron que la Cámara revise el fallo, con posibilidad de que la Corte Suprema estadounidense revise el caso si la decisión sigue siendo desfavorable.
Fuentes oficiales explicaron que esta apelación se presentó antes de lo previsto. Según versiones cercanas a la Procuración del Tesoro, se intentó anticipar un posible embargo contra bienes argentinos en bancos estadounidenses. La estrategia busca ganar tiempo y abrir margen para una negociación política de alto nivel.
Los fondos demandantes insisten en que la Argentina negocie directamente. Reclaman una etapa de diálogo con funcionarios cercanos a Javier Milei, algo que todavía no ocurrió formalmente. Este martes, las partes tienen una audiencia clave en Nueva York que podría definir el rumbo inmediato de la causa.
El presidente de YPF, Horacio Marín, evitó involucrarse. “Yo soy ejecutivo, empleado de YPF. Burford hizo un juicio a YPF y al Estado. La jueza falló a favor de YPF”, expresó. Según él, la magistrada centró el conflicto en el accionar del Estado, no en la petrolera.
Los abogados argentinos también mencionaron la posición del Departamento de Justicia de EE.UU., que en otros momentos respaldó la defensa soberana de la Argentina. Advirtieron que si el fallo se ejecuta, se habilitaría un antecedente riesgoso para los intereses norteamericanos en el mundo. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, recordaron.
Además, señalaron que los demandantes no sufrirán daño inmediato si se suspende el fallo, ya que el orden jurídico argentino impide ejecutar el traspaso. También podría afectar a bonistas e inversores que no son parte del juicio. La causa todavía genera tensión política, económica y diplomática.
Por ahora, el Estado nacional se aferra a los tribunales. Pero en Wall Street ya descuentan un desenlace adverso. La presión sobre el Gobierno crece y el caso YPF promete seguir marcando agenda en los próximos meses.
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