El presidente Javier Milei vetó tres leyes aprobadas por el Congreso que establecían mejoras para jubilados, discapacitados y beneficiarios previsionales. Lo hizo mediante decretos firmados el sábado y publicados en el Boletín Oficial este lunes. El Gobierno argumentó que las normas aumentaban el gasto público sin financiamiento y presentaban irregularidades legislativas. En Diputados, el oficialismo se muestra confiado en poder sostener la decisión.
El veto fue total e incluyó las leyes 27.791, 27.792 y 27.793. Una fijaba un aumento real del 7,2% para jubilaciones y pensiones, excluyendo regímenes especiales. Otra incrementaba el bono de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación. También se restituía la moratoria previsional por dos años para quienes no tienen los 30 años de aportes.
Según el Gobierno, estas medidas sumarían un gasto del 1,68% del PBI. Además, atribuyó la aprobación de las leyes a la “presión electoral creciente” en el marco de las elecciones legislativas de octubre. Por eso, Milei decidió vetarlas, acompañado por las firmas de sus ministros Francos, Sturzenegger, Pettovello, Bullrich, Caputo y otros funcionarios clave.
En cuanto a discapacidad, el proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional hasta 2026. La ley creaba una pensión no contributiva compatible con trabajo formal y fijaba actualizaciones automáticas de aranceles. El Ejecutivo calculó un gasto superior a $2 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026, sin contar el impacto en el programa “Incluir Salud”.
La postura presidencial ya había sido adelantada. “Vamos a vetar. Aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar (...). La política del superávit fiscal es permanente”, dijo Milei semanas atrás en la Bolsa de Comercio, después de la aprobación en el Senado.
La decisión se inscribe en negociaciones con gobernadores, ya que el Gobierno necesita que no se alcance la mayoría de dos tercios para revertir el veto. En Diputados, el bloque oficialista La Libertad Avanza trabaja con aliados para garantizar el tercio necesario y evitar que las leyes entren en vigencia.
El panorama es incierto. Aún no se sabe cuántos diputados asistirán ni cuántos se abstendrán. Sin embargo, el oficialismo cree que superará los 80 votos negativos, una cifra similar a sesiones pasadas donde ya defendió vetos con éxito.
La sesión del miércoles tendrá una agenda cargada. Se tratarán otros temas sensibles como el financiamiento de universidades, la situación del Hospital Garrahan, el sistema de ciencia y tecnología, y decretos que afectan a organismos clave como el INTI, INTA, Marina Mercante y Vialidad Nacional.
También se discutirán proyectos impulsados por gobernadores. Entre ellos, eliminar fondos fiduciarios, coparticipar el impuesto a los combustibles y modificar el esquema de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El Gobierno analiza una propuesta para repartir parte de los ATN a las provincias, aunque todavía no definió el monto.
Los mandatarios provinciales reclaman esos fondos y exigen revisar cómo se distribuyen los recursos provenientes de impuestos. La tensión con las provincias y la presión de la oposición se suman al desafío de sostener el veto sin retrocesos.
La votación en Diputados será determinante. Si el oficialismo logra bloquear la mayoría especial, la estrategia de Milei seguirá intacta. Pero si la oposición consigue revertir el veto, el conflicto podría escalar. En ese caso, el Gobierno anticipó que recurrirá a la Justicia.
El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se realizará el jueves 7 de agosto en el Sheraton Tucumán Hotel.
