El presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia para Bahía Blanca y otras localidades bonaerenses, afectadas por un temporal el 7 de marzo. La norma había sido sancionada por el Congreso para asistir a los damnificados con subsidios, créditos y exenciones impositivas. La decisión se conoció este martes a través del Boletín Oficial y generó un fuerte rechazo de la oposición y de sectores locales.
Según el Ejecutivo, la ayuda ya fue canalizada mediante un decreto previo, el DNU 238/2025, que creó el programa “Suplemento Único para la Reconstrucción” (SUR). Con este argumento, el Gobierno consideró innecesaria la ley votada por amplia mayoría, con 153 votos afirmativos y solo 32 negativos.
Las inundaciones del 7 de marzo causaron la muerte de 18 personas, entre ellas dos niñas arrastradas por el agua. En pocas horas cayeron más de 300 milímetros en Bahía Blanca y zonas vecinas como General Cerri y Coronel Rosales. Las imágenes del desastre recorrieron el país, con calles tapadas de agua, viviendas colapsadas y bebés siendo evacuados del hospital Penna.
La Ley 27.790 declaraba el estado de emergencia y catástrofe ambiental, económica y habitacional durante 180 días. Además, exigía la creación de un fondo de $200.000 millones para reconstrucción edilicia, reparación de viviendas y apoyo a pequeñas empresas. También proponía una moratoria de deudas y beneficios fiscales para los vecinos.
Sin embargo, el Gobierno justificó el veto con varios argumentos técnicos y políticos. Señaló que el Congreso no precisó la fuente de financiamiento para ese fondo especial, lo que viola la Ley de Administración Financiera. Además, sostuvo que "la casta política pretende hacer política con la tragedia", según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
“El 1° de abril, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados”, afirmó Adorni. Detalló que también se enviaron ambulancias, medicamentos y hasta un hospital móvil. “Ya se subsidiaron a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos”, agregó.
El veto excluyó explícitamente a la localidad de Coronel Rosales del esquema de ayuda. Según el decreto, los informes técnicos solo reconocieron a Bahía Blanca como zona crítica. “Se relevaron los 66 barrios más afectados”, aclaró el texto oficial.
En este sentido, con la medida presidencial se anuló la posibilidad de que el Congreso insista con la norma durante el resto del año legislativo. El proyecto vuelve a fojas cero, dejando sin efecto los mecanismos de ayuda que proponía.
En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles aún no reaccionó oficialmente. Pero vecinos, referentes sociales y sectores políticos manifestaron su indignación. Recordaron que Milei recién visitó la ciudad cinco días después del temporal, y fue recibido con abucheos.
“La ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera”, publicó el PJ bonaerense. El comunicado, firmado por su presidente, Máximo Kirchner, agregó: “Nada nuevo: Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”.
Las críticas también apuntaron al contraste con la visita del FMI. “El mismo día que el endeudador del ministro Caputo espera la palmada del Fondo, Milei le niega ayuda a Bahía”, señalaron.
El programa SUR, creado por el Ejecutivo, ya entregó la mayoría de los fondos previstos. Pero la ley vetada proponía una intervención más amplia, que incluía créditos blandos del Banco Nación, obras públicas con mano de obra local y protección a pymes.
Con este veto, el Gobierno vuelve a tensar su relación con una región que aún no se recupera del desastre. Y deja un mensaje claro: para la administración Milei, la ayuda estatal tiene un límite, incluso frente a una tragedia.
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