La Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió una alarma global sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. En una comunicación oficial, nueve relatorías y grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos denunciaron al Gobierno de Javier Milei por vulnerar libertades básicas. El documento advierte sobre la represión sistemática, la persecución a jueces y el uso excesivo de la fuerza estatal en protestas sociales.
El informe se refiere a hechos ocurridos entre diciembre de 2023 y marzo de 2025. Los expertos internacionales cuestionaron el “protocolo antipiquetes” y medidas que criminalizan la protesta. Denuncian también detenciones arbitrarias, hostigamiento judicial, amenazas a magistrados y uso de fuerza contra adultos mayores. “Expresamos nuestra profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para castigar y hostigar a quienes ejercen derechos fundamentales”, afirma el documento.
Las relatorías que firmaron el texto incluyen áreas clave: libertad de reunión pacífica, libertad de expresión, prevención de la tortura e independencia de jueces. También sumaron su firma expertos en derechos de adultos mayores y representantes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Todos coincidieron en señalar que el accionar del Ejecutivo nacional viola tratados internacionales suscritos por Argentina.
Uno de los puntos más críticos del informe es la represión contra manifestaciones pacíficas. Las relatorías denunciaron detenciones sin fundamentos, lesiones a manifestantes y uso de “sustancias químicas vencidas” por parte de las fuerzas de seguridad. Según detalla el escrito, “habrían sido heridos al menos 700 manifestantes en una sola jornada”, durante las protestas del 12 de marzo en Buenos Aires.
La ONU se mostró especialmente alarmada por la represión a jubilados y adultos mayores. La Comisión Provincial por la Memoria informó sobre lesiones químicas, golpes, detenciones colectivas y condiciones degradantes. El documento describe cómo algunos adultos mayores fueron esposados durante horas, sin acceso a atención médica ni explicación legal.
El texto también advierte sobre un patrón de hostigamiento institucional. Jueces que fallaron a favor de los derechos civiles fueron blanco de acusaciones públicas y amenazas. Se mencionan los casos del juez Roberto Gallardo y la jueza Karina Andrade, ambos perseguidos por liberar detenidos. En este contexto, la ONU afirma: “Estas acciones constituyen una violación directa a la independencia judicial”.
El informe advierte sobre el uso del término “terrorismo” para deslegitimar la protesta. Denuncia la creación de un registro de “personas vinculadas al terrorismo”, donde se incluiría a manifestantes pacíficos. También rechaza la ley 27.786, que permite detenciones y sanciones sin garantías judiciales. “Esto habilita un estado de excepción encubierto que confunde protesta social con terrorismo”, subrayan los expertos.
Las relatorías también apuntan contra discursos oficiales. Criticaron declaraciones del presidente Milei y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes llamaron “terroristas” a manifestantes. Consideran esas expresiones como incitaciones al odio y violaciones a la presunción de inocencia. Además, cuestionaron que se exijan pagos millonarios a organizaciones sociales por participar en marchas. “Una medida que busca disuadir la participación ciudadana”, señalaron.
La ONU exigió una respuesta oficial en un plazo de 60 días. El Gobierno deberá informar si hubo investigaciones sobre represión, sanciones a responsables, medidas de protección judicial y reformas legales. También debe detallar cómo garantizará los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión.
En caso de no recibir respuesta, las relatorías harán pública la misiva junto a un comunicado oficial. “La situación en Argentina preocupa por su sistematicidad, su escala y la aparente intención deliberada del Estado”, concluye el documento.
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